El Caribe se ha convertido en un destino codiciado no solo por sus paradisíacas playas y estilo de vida relajado, sino también por una práctica cada vez más común: la obtención de ciudadanía a través de la compra de propiedades inmobiliarias. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía ofrecen programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés), permitiendo a los compradores obtener un pasaporte caribeño con tan solo adquirir una propiedad que, en algunos casos, comienza en los 200,000 dólares.
La práctica, que se ha disparado en los últimos años, atrae principalmente a ciudadanos de países como Estados Unidos, Ucrania, Turquía, Nigeria y China, y se ha intensificado por la creciente volatilidad política y social, especialmente en EE.UU. Estos programas no solo ofrecen el beneficio de una nueva nacionalidad, sino que también otorgan acceso sin visado a más de 150 países, incluidos el Reino Unido y la zona Schengen, lo que aumenta considerablemente su atractivo para los ciudadanos internacionales.
Un mercado inmobiliario en auge y la búsqueda de seguridad
Según informes recientes, las agencias inmobiliarias en Antigua están luchando para satisfacer la creciente demanda de propiedades de lujo, en su mayoría compradas con la intención de obtener la ciudadanía. Nadia Dyson, de Luxury Locations, una de las principales agencias de bienes raíces en Antigua, asegura que hasta el 70% de sus compradores buscan específicamente la ciudadanía a través de su inversión. La gran mayoría de estos compradores provienen de Estados Unidos, donde las tensiones políticas internas y la preocupación por la seguridad han aumentado el interés por estos programas de inversión.
Las tendencias de adquisición han mostrado un cambio claro. Anteriormente, muchos compradores elegían propiedades en el Caribe por motivos relacionados con el estilo de vida. Sin embargo, hoy en día, comprar una propiedad se ha transformado en un método directo para conseguir una segunda ciudadanía, lo cual proporciona a los compradores la flexibilidad de desplazarse globalmente sin limitaciones. Dyson nota que, aunque el programa de Antigua no requiere residencia, muchos compradores optan por trasladarse permanentemente a la isla.
El atractivo de estos programas se debe a la facilidad para los ricos de obtener una segunda nacionalidad sin perder su ciudadanía original, algo que también es altamente valorado por las personas de negocios. Además, la falta de impuestos sobre plusvalías, sucesiones e incluso sobre la renta en muchos de estos países, ha atraído a inversores de todo el mundo.
La influencia de la incertidumbre política y las ventajas de la ciudadanía
La demanda de pasaportes caribeños ha aumentado aún más desde la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de viaje hicieron que los viajeros más acaudalados se dieran cuenta de la importancia de tener múltiples pasaportes para evitar restricciones internacionales. La política interna de EE.UU. ha sido otro factor clave. Tras las elecciones de 2020 y 2024, muchos estadounidenses vieron en los programas de CBI una forma de «respaldo» ante la creciente polarización política, como explicó Dominic Volek, de la consultora Henley & Partners, que ha documentado el auge de solicitudes de ciudadanía por inversión de ciudadanos estadounidenses.
Este fenómeno no es exclusivo de los ciudadanos estadounidenses; personas de otras partes del mundo también han recurrido a los programas de CBI del Caribe para tener acceso a una movilidad más fluida y, en algunos casos, para asegurar una «póliza de seguro» ante lo que consideran amenazas a sus libertades civiles y de viaje en sus países de origen.
Polémicas y preocupaciones internacionales
Aunque estos programas han crecido en popularidad, no han estado libres de controversias. En 2012, cuando Antigua inició la venta de pasaportes con el fin de estimular su economía, la idea recibió críticas de varios habitantes de la isla. Personas manifestaron su disconformidad en las calles, sosteniendo que se estaba «mercantilizando» la identidad nacional a cambio de dinero, lo que provocó una discusión ética sobre la comercialización de la ciudadanía.
Además, los gobiernos de otros países del Caribe que no ofrecen estos programas, como San Vicente y las Granadinas, han expresado su desaprobación, y la comunidad internacional ha mostrado preocupación por la posibilidad de que estos programas sean utilizados para la evasión fiscal o actividades delictivas. La Unión Europea y Estados Unidos han señalado que están monitoreando de cerca los programas, y han amenazado con retirar los beneficios de acceso sin visado para los ciudadanos de los países caribeños si no se toman medidas más estrictas para supervisar a los solicitantes.
Un modelo económico para algunos, un desafío para otros
A pesar de las críticas y preocupaciones internacionales, muchos de los países caribeños que han adoptado estos programas defienden su importancia económica. El Primer Ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y su homólogo en Santa Lucía, Philip J Pierre, han asegurado que los programas de CBI son transparentes y que las inversiones han sido fundamentales para el desarrollo de infraestructuras y el crecimiento económico en sus países. En el caso de Antigua, los fondos generados por la venta de pasaportes han sido cruciales para evitar la quiebra del país y financiar proyectos clave, como hospitales y obras de infraestructura.
Aunque los ingresos derivados del programa CBI oscilan entre el 10% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en estos países, las autoridades de la región han tenido que encontrar un balance entre la generación de ingresos y la necesidad de asegurar que el procedimiento sea seguro y ético. Como respuesta a las preocupaciones internacionales, las islas del Caribe han implementado acciones para fortalecer la vigilancia sobre los solicitantes de ciudadanía, como la realización de auditorías periódicas y la implementación de entrevistas obligatorias.
Un equilibrio delicado entre crecimiento económico y ética
La obtención de ciudadanía a través de la inversión ha evolucionado de ser una medida económica disputada a convertirse en una fuente esencial de ingresos para ciertos países del Caribe. Aunque para algunos representa una oportunidad valiosa para lograr más libertad de tránsito y seguridad política, hay quienes plantean dudas sobre sus aspectos éticos y de seguridad. El porvenir de estas iniciativas de CBI estará determinado por la forma en que las naciones caribeñas logren balancear este aspecto, aplicando controles más rigurosos y manteniendo un enfoque que asegure la transparencia, al mismo tiempo que aprovechan las ventajas económicas de otorgar pasaportes.
