El miembro propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ha interpuesto dos querellas penales contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall ante el Ministerio Público. Las acusaciones incluyen prevaricato administrativo, usurpación de funciones y transgresiones a la Ley Electoral. Esta medida legal se da en medio de una tensa controversia interna relacionada con la aplicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en preparación para las elecciones generales planificadas para noviembre de 2025.
Ochoa argumenta que las funcionarias actuaron de manera unilateral al modificar aspectos fundamentales del proceso de licitación del TREP sin contar con una resolución aprobada por el pleno del organismo electoral. Según el consejero, esta decisión fue tomada a espaldas del cuerpo colegiado y pretende reincorporar mecanismos de intervención humana que ya habían sido descartados por su historial de controversia en elecciones pasadas.
La alteración que se discute trata sobre la incorporación de una «verificación humana» en el envío de datos iniciales. Ochoa argumenta que esto constituye un paso atrás en términos de transparencia. Afirma que ese tipo de intervención manual formó parte de prácticas que levantaron sospechas de fraude en elecciones previas, especialmente en los procesos de 2013 y 2017.
En su acusación, Ochoa asegura que las dos consejeras procedieron de manera ilegal al prolongar plazos e incorporar modificaciones sin el visto bueno del pleno, infringiendo lo estipulado en la Ley Electoral. Indicó que la obligación directa en la adjudicación del TREP es de todo el cuerpo colegiado del CNE y que ninguna consejera posee autoridad para tomar decisiones administrativas de tal magnitud de manera unilateral.
La reacción de las denunciadas no se hizo esperar. Cossette López, presidenta del CNE, defendió la legalidad de la modificación realizada al pliego de condiciones del sistema de conteo preliminar y acusó a Ochoa de intentar bloquear el proceso de licitación. Sostuvo que el CNE tiene la facultad legal para implementar procesos de verificación de datos, sin que esto represente una violación de las normas vigentes.
Por otro lado, Ana Paola Hall expresó su pesar por el rumbo judicial que ha seguido la disputa y aseguró que la acusación carece de base legal. Indicó que las acciones realizadas se hicieron en el ejercicio de sus deberes como funcionarias del ámbito electoral y conforme a los marcos legales aplicables.
El enfrentamiento entre los tres consejeros se suma a la tensión creciente dentro del CNE, agudizada recientemente por la toma de sus instalaciones por parte de simpatizantes del partido oficialista, quienes bloquearon la entrega de ofertas para el TREP. Esta acción, respaldada indirectamente por sectores afines a Ochoa, generó fuertes críticas por parte de la oposición y de observadores nacionales, al considerar que atenta contra la institucionalidad del proceso electoral.
En este contexto de tensión, la Fiscalía tendrá que determinar si inicia una investigación penal oficial contra las consejeras acusadas. Si se procede, el asunto podría establecer un precedente único en la historia electoral del país, comenzando un proceso judicial justo antes de un año de elecciones.
El Congreso Nacional, por su parte, convocó a una comparecencia especial de los miembros del CNE para esclarecer los hechos y brindar explicaciones sobre el manejo de los procedimientos internos, incluyendo el desarrollo del sistema TREP, pieza clave para garantizar la transparencia en la transmisión de resultados preliminares.
Con las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025, el ambiente en el órgano electoral se muestra cada vez más tenso y fragmentado. La disputa interna podría impactar negativamente en la percepción ciudadana sobre la legitimidad del proceso, mientras persisten los llamados de diversos sectores para que se garantice un proceso electoral íntegro, imparcial y basado en normas claras y consensuadas.
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