La Asamblea Legislativa de El Salvador dio su visto bueno este jueves a una enmienda constitucional que autoriza la reelección ilimitada del presidente. Con 57 votos a favor y 3 en contra, los legisladores aprobaron un cambio histórico, abriendo la posibilidad para que el actual presidente, Nayib Bukele, se presente nuevamente en 2029 si así lo desea. Esta enmienda transforma de manera importante el escenario político del país al permitir que un presidente pueda contender por tantos periodos como quiera, siempre que cuente con el apoyo del electorado en las urnas.
El cambio incluye la extensión del periodo presidencial de cinco a seis años, con la posibilidad de que los votantes decidan al inicio y a la mitad del mandato si le otorgan el control de la Asamblea Legislativa. Este control es crucial, ya que es a través de esta Asamblea que se eligen funcionarios de segundo grado y se aprueban o reforman leyes.
Reformas que modifican el proceso electoral y su implicación en las futuras elecciones
Aparte de habilitar la reelección sin límite, los legisladores también dieron su visto bueno para acortar el período de gobierno de Bukele de 2029 a 2027. Esta acción tiene como objetivo hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas, permitiendo que ambas se lleven a cabo en el mismo año, lo cual favorecería la participación de los ciudadanos.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, destacó que el poder reside en el pueblo y que la decisión final sobre la reelección debe ser tomada por los salvadoreños a través de su voto. Sin embargo, a pesar de la aprobación de estas reformas, Bukele no ha confirmado si buscará un tercer mandato. En una entrevista en junio de 2024, Bukele había mencionado que no aspiraría a la reelección, basándose en el marco constitucional y un acuerdo personal con su esposa.
Modificación en el sistema electoral y la eliminación de la segunda vuelta presidencial
Los parlamentarios también suprimieron la segunda ronda en las elecciones presidenciales. En la actualidad, la fórmula presidencial que reciba la mayoría de los votos válidos en la primera ronda será la triunfadora. Antes, la Constitución exigía que un aspirante presidencial ganara con un mínimo del 50 % más uno de los votos válidos para obtener el cargo en la primera ronda.
Esta alteración fue apoyada por los legisladores de Nuevas Ideas, quienes argumentaron que la enmienda traería ahorros significativos para el Estado. Unas horas más tarde, durante otra sesión plenaria, los congresistas confirmaron el pacto de modificación constitucional, declarando que esta fecha señalaría un cambio trascendental para El Salvador.
Reacciones de la oposición ante la aprobación de la reforma
La reforma ha sido ampliamente criticada por la oposición, que considera que esta modificación podría llevar al país hacia un sistema autoritario. Marcela Villatoro, diputada del partido conservador Arena, expresó que con la aprobación de esta reforma “ha muerto la democracia en El Salvador”, acusando al oficialismo de respaldar la consolidación de una dictadura. Por su parte, Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó que las reformas eran un intento del oficialismo por mantener el poder por tiempo indefinido, con el temor de perder las elecciones futuras.
Claudia Ortiz, perteneciente a Vamos, igualmente criticó las reformas, describiéndolas como un esfuerzo por mantener el poder en manos de un partido único en lugar de devolverlo a la ciudadanía. Según Ortiz, las reformas contravienen el artículo 88 de la Constitución, que señala que la rotación en el poder es fundamental para preservar el sistema político del país.
Oposición de la ciudadanía frente a la modificación de la reelección sin límites
La organización Acción Ciudadana también se ha manifestado en contra de la reforma, señalando que la posibilidad de la reelección indefinida cierra la vía electoral como un mecanismo de alternancia democrática. Según Acción Ciudadana, esta medida podría tener consecuencias negativas para la estabilidad democrática y el equilibrio de poder en el país.
