«Con total transparencia y sinceridad, la postura de la patronal ha sido decepcionante. Es una burla al diálogo social que, tras meses de negociación, ahora veamos este distanciamiento de la patronal española. Es una burla democrática. ¿Nos dice la CEOE que el Gobierno debe incumplir su compromiso con los ciudadanos españoles? ¿Debe apartarse de lo establecido en el acuerdo de coalición?», expresó Joaquín Pérez Rey, número dos del Ministerio de Trabajo, tras la sexta reunión con los agentes sociales sobre la reducción de jornada.
Las declaraciones de ambos lados anticipaban que la patronal no se uniría al pacto. «Vamos a seguir avanzando con las organizaciones sindicales para pulir un texto que podamos mandar a las cortes generales para su tramitación», dijo Pérez Rey. Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE, comentó en RTVE que el Gobierno les convoca como figurantes, pero que saben el resultado final. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, se ausentó de la firma del pacto contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+, marcando distancia.
Una de las demandas de la CEOE es el incremento del máximo de horas extra, algo que Trabajo rechazó rápidamente en el borrador del anteproyecto de ley. «El Gobierno plantea reducir la jornada de verdad. No vamos a decirle a los ciudadanos que lo que ganan por un lado, lo pierden por otro. Esta es una negociación seria», afirmó Pérez Rey.
Fernando Luján, de UGT, y Raúl Olmos, de CC OO, criticaron la postura de la CEOE y destacaron la necesidad de reducir la jornada para combatir la desigualdad. El Ministerio de Trabajo aún no ha cerrado el acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada a 38,5 horas este año y a 37,5 en 2025, pero se espera lograr pronto un entendimiento.
El borrador del anteproyecto de ley propone dicha reducción y aborda su aplicación en empleados a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres, asegurando un incremento proporcional de su salario. También se introducen medidas para mejorar el control del tiempo de trabajo, obligando al registro digital y asegurando el acceso remoto de comités e Inspección de Trabajo. Estos cambios se complementan con una modificación en el régimen sancionador, permitiendo sanciones por cada empleado con registro defectuoso.
