El 17 de junio de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en plena sesión aprobó, con mayoría de votos, avanzar con los términos para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). No obstante, esta resolución generó una fuerte reacción del consejero Marlon Ochoa, quien alertó sobre supuestos peligros de inestabilidad electoral debido a lo que calificó como la posible repetición de prácticas controvertidas del pasado.
Pleno aprobó el trep y desató tensiones
En una votación dividida dos contra uno, se autorizó el proceso de licitación del TREP, generando críticas intensas de sectores vinculados al bipartidismo. Uno de sus líderes aseguró que Ochoa parecía temer por su continuidad en el órgano electoral y lo acusó de realizar gestiones en Sudamérica con el supuesto propósito de favorecer a empresas específicas.
Este ambiente de tensión se intensifica por las alegaciones de Ochoa acerca de un supuesto lazo entre el bipartidismo y algunos proveedores del sistema electoral con antecedentes controvertidos. Ochoa afirmó que se buscaba adjudicar el TREP a una compañía con un nombre diferente, la cual ya había participado en procesos anteriores, de acuerdo con su advertencia.
Ochoa señala intento de replicar modelo controvertido
El asesor señaló la posible reaparición de un sistema semejante al implementado en 2017, cuando varios procesos electorales fueron criticados por su falta de transparencia. Ochoa afirmó que hay un riesgo de que con diferentes nombres se utilice la misma compañía nuevamente, poniendo en duda las estructuras detrás de la adjudicación. Destacó que este enfoque forma parte de un patrón histórico que intenta preservar el control del TREP en manos de los dos principales partidos políticos.
Contrapuntos: exconsejeros y actores políticos
Germán Lobo, exmiembro del CNE, respondió que los cuestionamientos de Ochoa surgen cuando sus propias propuestas no son acogidas. Lobo lo acusó de tener intereses personales y de ejecutar un discurso sesgado contra el bipartidismo solo cuando no recibe respaldo. Afirmó que Ochoa intentó incluir criterios técnicos específicos para favorecer a determinados actores.
Otros exfuncionarios recordaron que la aprobación del pliego fue una decisión legal y colegiada del Consejo, indicando que ahora corresponde el debate técnico tras dicha aprobación.
Aspectos técnicos y legales del TREP
El debate no se limita a acusaciones políticas, también incluye matices legales. Un factor importante es la interpretación de normas electorales relacionadas con la transmisión de datos y actas. Ochoa insistió en que la legislación exige transparencia total mediante una interconexión directa con partidos y observadores, pero análisis independientes han explicado que el mandato legal se limita al nivel presidencial y a plazos específicos, como lo define el artículo 278 de la Ley Electoral.
De acuerdo con los especialistas, las regulaciones indican que las actas presidenciales deben enviarse al mismo tiempo tanto al CNE como a los partidos. Sin embargo, el artículo 279 no requiere que se haga lo mismo con todas las actas ni que esta obligación se extienda a otros niveles más allá del presidencial.
Respuesta de los partidos y gobiernos
La presidenta del CNE subrayó que este sistema no será un modelo automático sin revisión humana, evitando escenarios comparables a otros países donde la transmisión se realiza exclusivamente por computadora. Defendió que la normativa distingue claramente entre escrutinio, transmitido en sitio de votación, y verificación a cargo del CNE, sin eliminar controles humanos.
Desde diversas facciones se expresaron dos opiniones: una celebró la aprobación argumentando que disminuye las posibilidades de manipulación, mientras que la otra culpó al asesor de Libre de intentar imponer sistemas autoritarios parecidos a los de Venezuela.
Potenciales efectos y procedimientos legales
La imputación contra Ochoa ha creado un panorama de inseguridad. A un lado, se presenta la probabilidad de objeciones judiciales al proceso de adjudicación del TREP. En cortes o en procesos de evaluación, podrían plantearse irregularidades técnicas o parcialidad, si se verifica que una compañía con antecedentes dudosos está involucrada de nuevo.
Además, la crispación política podría debilitar la confianza en los resultados preliminares, afectando la legitimidad del proceso electoral que culminará en noviembre. La presión surge tanto de sectores que exigen mayor transparencia como de grupos que defienden la institucionalidad colegiada del CNE.
Retos para la institucionalidad en el ámbito electoral
El caso refleja los desafíos que enfrenta el CNE. Es cada vez más evidente la necesidad de reforzar los mecanismos técnicos, legales y políticos asociados al TREP. Reclamos como los de Ochoa pueden ser constructivos si fomentan revisiones obsesivas, pero también pueden ser utilizados como herramientas de desgaste político.
Para garantizar credibilidad, son fundamentales:
- La precisión en las normas de evaluación del TREP, garantizando imparcialidad.
- El refuerzo de herramientas legales que faciliten la auditoría de decisiones y, si es necesario, su impugnación ante el CNE.
- La participación de agentes externos —tales como observadores nacionales e internacionales, partidos, sociedad civil— en los procesos de vigilancia.
- El debate en conjunto como medio para superar conflictos internos.
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