Protestan y presentan recurso de inconstitucionalidad en la CSJ

El Bloque de Organizaciones Campesinas del Bajo Aguán llegó a Tegucigalpa para protestar y presentar un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra la Ley de Modernización Agraria.

Cientos de agricultores abandonaron la sede del Sindicato de Trabajadores de Industrias de Bebidas y Afines (Stibys) rumbo a la CSJ, portando mantas y coreando numerosas consignas.

Exigen al gobierno cumplir algunas promesas que fueron firmadas, pero que no han tenido respuesta por parte de las autoridades del gobierno central.

Lo han señalado como “una crisis agraria y desalojos” que se están produciendo constantemente ya que han señalado que tienen derecho a la tierra para vivir y trabajar.

El Bloque Popular Indígena Campesino que interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la CSJ contra la Ley de Modernización Agraria.

Exigen que el gobierno cumpla las promesas que puso por escrito el año pasado, así como el fin de la violencia y el respeto de sus derechos.

El abogado Víctor Fernández es el representante legal de esta organización y fue quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad.

“Hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra parte de la Ley de Modernización Agraria, tres decretos y un acuerdo del Ejecutivo que va en contra de la Reforma Agraria”, declaró.

Fernández señaló que la Ley de Modernización Agraria permite latifundios en el país cuando la Constitución de la República lo prohíbe.

Indicó que la Constitución manda que la justicia social opere en el campo, sin embargo, la forma en que ha venido operando la agricultura a través de estas reformas es profundizando la crisis en el campo, la desigualdad, la criminalización y la persecución de las personas.

Además, solicitó a la Sala Constitucional priorizar la resolución de otro recurso enfocado contra el decreto 93-2021 y explicó que este decreto autoriza los desalojos preventivos y establece la figura penal de usurpación.

Fernández mencionó que con la declaratoria de inconstitucionalidad de este decreto se evitará que se desalojen familias, se apliquen órdenes de aprehensión a personas y se destruyan cultivos.